Los gobernadores, tras su reciente encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, organizan una nueva reunión para insistir en sus demandas al Gobierno nacional y analizar las posibles soluciones que surjan desde la Casa Rosada. El lugar elegido sería, tentativamente, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un espacio habitual para debates entre mandatarios sobre cuestiones comunes. Aún no está confirmada la participación presencial de Osvaldo Jaldo, ya que en el anterior encuentro optó por conectarse mediante videoconferencia.
La cumbre está programada para el próximo lunes, aunque aún se ajustan los detalle. En el encuentro previo, Francos, acompañado por Lisandro Catalán, su segundo, y Carlos Guberman, secretario de Hacienda, recibió a gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Myrian Prunotto, vicegobernadora de Córdoba, provenientes de distintos sectores políticos.
Durante esa reunión, las provincias expusieron preocupaciones compartidas, como la reducción de la coparticipación, la baja en la recaudación, la paralización de obras públicas, los ajustes en los fondos provinciales y el deterioro de las rutas. En particular, exigieron que el impuesto a los combustibles “vuelva a las provincias en forma de obras concretas”, criticando que en 2024 el Gobierno nacional ejecutó menos del 50% del 28,5% de ese tributo destinado al fideicomiso para infraestructura vial.
Caída de la recaudación
Francos, por su parte, valoró que los gobernadores respaldaran el mantenimiento del superávit fiscal y consideró viable la propuesta planteada. El funcionario se comprometió a preparar una respuesta para el próximo encuentro. En este contexto, un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) reveló una caída del 14% en la recaudación de mayo, con una baja real del 14,5% en ingresos tributarios (incluida una caída del 44% en Ganancias) y del 6% en ingresos no tributarios. El IARAF destacó que, en los primeros cinco meses de 2024, el impuesto PAIS recaudó $4,7 billones en moneda constante, pero los ingresos acumulados pasaron de un superávit de $543.800 millones en abril a un déficit de $1.288.000 millones en mayo de 2025.
Por otro lado, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, ofreció un panorama sobre las finanzas provinciales, describiendo la situación como “equilibrada” y resaltando la autonomía económica de la provincia. Sin embargo, reconoció los retos derivados de la caída en la coparticipación y los ingresos propios, lo que llevó a recurrir a reservas y fondos anticíclicos para sostener la actividad económica y las obras públicas.
Abad enfatizó que Tucumán opera con un modelo de “día a día” y que “no dependemos de nadie, vivimos con lo nuestro”. Explicó que, aunque no hubo “recortes” directos desde el Gobierno nacional, la provincia sufre una “caída de coparticipación porque obviamente cae el consumo y, una provincia como la nuestra, que vive del consumo, al caer el IVA e Ingreso Brutos, repercute”. Esta merma en los impuestos ligados al consumo afecta directamente las finanzas provinciales, sumada a la disminución de los recursos propios.
Medidas locales
Para enfrentar esta situación, Tucumán está utilizando “reservas” y “fondos anticíclicos”, constituidos en “época de vacas más o menos gordas” para financiar la “recomposición” económica y obras públicas. Abad destacó que la provincia mantiene activas “32 obras públicas” y subrayó que “sale más caro pararlas que continuarlas”, mencionando proyectos como la ruta 307 en los valles y la presa del Cadillal, cuya tercera etapa está próxima a concluir.
El ministro también señaló la singularidad de Tucumán, al no contar con recursos como “minerales, energía o petróleo”, lo que agrava el impacto de la caída del consumo. Para estimular la economía, la provincia apoyó iniciativas como el plan “dólar colchón” y modificaciones en leyes tributarias nacionales, siendo “una de las primeras dos provincias que firmamos el convenio con ARCA donde se incluía la modificación de la ley de procedimiento tributario nacional y la ley penal tributaria”. El objetivo, según Abad, es “remonetizar la economía con dólares y si eso aumenta el consumo, bienvenido sea”.